Como representante popular aquí expongo mi trabajo e invito a exponer ideas de cómo regresarle a los mexicanos el interés por los asuntos públicos.

Campeones Máster de la Delegación Jalisco, presentes en Firma de Convenio con INAMAP para realización de los XXV Juegos Nacionales Deportivos y 
Culturales en nuestro Estado.

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Culturales en nuestro Estado.

Encuentro Intercultural de Música y Danza Indígena del Norte de México

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#PalacioDeGobierno #Tradición venir a tomarse fotos

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Palacio de Gobierno de #Jalisco. #Gdl

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Foto #Gabinete Estatal

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Iniciativa para que se retire de la credencial del IFE el domicilio del titular.

La realización de fraude a través del robo de identidad, y de delitos como robo, secuestro y extorsión entre otros, se ha demostrado que se facilitan cuando la credencial de elector es robada o extraviada y caída en manos de la delincuencia ya que ésta identificación cuenta con el domicilio del portador, la eliminación del domicilio de la credencial para votar disminuiría la oportunidad de la realización de estos delitos, por ello he presentado una iniciativa para reformar el COFIPE y que ya no se incluya el domicilio en la credencial de elector.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el inciso d) del numeral 1, del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


Capítulo Quinto

De la Credencial para Votar

Artículo 200

1. La Credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Derogado;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro;

g) Firma, huella digital y fotografía del elector;

h) Clave de registro; y

i) Clave Única del Registro de Población.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se aplicará a las credenciales nuevas y a las que se renueven.

Iniciativa de Ley para elevar el grado jerárquico de los Tratados Internacionales de nuestro país y sea efectiva su posición solo por debajo de nuestra Constitución y por encima de las demás leyes, necesario garantizar su observancia ya que los Tratados Internacionales se presentan como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por las autoridades nacionales

La Constitución puede definirse como “el ordenamiento jurídico fundamental, escrito o no, de un Estado soberano, que contiene las disposiciones fundamentales de éste, y que establece las bases para su gobierno y para la organización de sus instituciones, así como el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del pueblo.” 1

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica OMEBA, la Constitución es “todos los entes, comunidades o instituciones en general que forman parte del orden jurídico, se rigen por un complejo de normas, jurídicas y extrajurídicas, que son impuestas unas veces, a sus integrantes, en forma coactiva por órganos especializados, y otras, acatadas voluntariamente por los mismos. Cuando estas normas rigen la vida del Estado, organizando sus poderes, delimitando sus funciones y estableciendo los derechos y garantías de los habitantes y del Estado, reciben el nombre de Constitución. Aquí su concepto como punto de partida.

En el Manual de Derecho Constitucional de Efraín Polo Bernal se define como “un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total, exhaustiva y sistemática establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares”.

Y el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conceptualiza Constitución como “la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de un Estado”.

El sistema jurídico mexicano tradicionalmente encontró sustento en la construcción escalonada del ordenamiento jurídico sostenida por Hans Kelsen, quien señalaba que la constitución en su sentido material debería entenderse como “la norma o normas positivas que regulan la producción de normas jurídicas generales”,2 ya fuera que ésta norma superior tuviera forma escrita o se tratase de normas no escritas producidas consuetudinariamente. Esto es, la norma superior prescribe el procedimiento mediante el cual se produce otra norma, y en ocasiones también señala o limita el contenido de la nueva norma.

A partir de la norma fundamental donde se establecen principios rectores que regulan el desarrollo y las relaciones entre particulares y de éstos con el Estado, surgen normas secundarias que tienen como fin desarrollar principios fundamentales a través de disposiciones complementarias y reglamentarias que se les reconocen con una jerarquía distinta a otras establecidas en el andamiaje jurídico, con efectos de validez de acuerdo a dicha jerarquía.

Esto dio sustento al principio de supremacía constitucional, que se deduce de que es la Constitución la que crea los poderes públicos, delimita sus funciones, establece los procedimientos legislativos, regula la celebración y ratificación de tratados internacionales, reconoce los derechos fundamentales e incorpora los valores esenciales del pueblo, así entonces en nuestra Constitución el artículo 133 establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Este artículo se plasmó y atinadamente se interpretó en el sentido de que la Constitución de 1917 se encontraba en un plano superior, en tanto que las leyes federales y los tratados internacionales se encontraban en un sustrato inferior.

En función de interpretación jurisdiccional de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente abandonar el criterio rígido que se mantuvo por cierto tiempo en torno a la supremacía constitucional, iniciando así una época de interpretación sobre la jerarquía de las normas que devino en el reconocimiento de supremacía de los tratados internacionales con relación a las leyes federales, de tal suerte que en el año de 1999 se emitió, finalmente, la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “… serán la Ley Suprema de toda la Unión …” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.3

En función de lo anterior, se modificó el criterio para determinar la jerarquía normativa, sobreponiendo los tratados internacionales a las leyes federales, siempre que hubiesen sido suscritos y ratificados de conformidad con la norma constitucional. Esto es, en tanto que los tratados sean celebrados conforme a las normas que rigen la suscripción respectiva por el Ejecutivo Federal y su ratificación por el Senado de la República, se asume su constitucionalidad en tanto esta no sea cuestionada ante los tribunales competentes.

Tratados internacionales. Deben presumirse apegados al texto constitucional hasta en tanto se demuestre su inconstitucionalidad en la vía procedente.

El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todo servidor público de protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; obligación que recae, en el caso de los tratados internacionales, entre otros, en el Presidente y en los miembros del Senado de la República, por lo que los actos provenientes de dichos servidores se presumen constitucionales hasta en tanto se pruebe su inconstitucionalidad ante los Tribunales de la Federación o su ilegalidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. Así, basta que un tratado internacional lo firme el Ejecutivo, por sí o por conducto de plenipotenciario facultado, lo apruebe el Senado y se publique en el Diario Oficial de la Federación, para presumir que es acorde con la Constitución Federal, en el entendido de que esta presunción legal subsistirá hasta en tanto se declare la inconstitucionalidad o ilegalidad correspondiente por el órgano competente y en vía idónea.4

De esta manera, los tratados internacionales adquirieron en su interpretación una nueva dimensión como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por todas las autoridades nacionales.

En otro orden, la doctrina constitucional contemporánea ha abandonado la rigidez del positivismo jurídico, reconociendo la existencia de derechos inherentes a la persona, independientemente de que estos se encuentren consagrados de manera literal en el texto constitucional, es decir, atiende a los valores contenidos en la norma suprema para inferir e interpretar los derechos fundamentales, así como los principios que deben regir en la organización del estado en su conjunto.

Sólo de esta manera una constitución puede ejercer su función integradora de las distintas aspiraciones de los factores reales de poder que intervienen en su creación y modificación.

Cabe señalar que en 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de gran impacto en el sistema jurídico mexicano. La primera5 consistió en una reforma a la institución del juicio de amparo, incorporando la protección de derechos colectivos o difusos en función del interés legítimo, así como la posibilidad de otorgar efectos ergaomnes a las resoluciones que determinen la inconstitucionalidad de una norma y obliga al legislador a realizar la adecuación de aquella norma declarada inconstitucional.

Asimismo, esta reforma instituye la posibilidad de invocar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los juicios de garantías, de conformidad con el artículo 103 fracción I que a la letra dice:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

A este respecto, cabe destacar el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias, Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito:

Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.6

De esta manera, la reforma adquiere una nueva dimensión, ya que la violación de un derecho fundamental consagrado en un tratado internacional puede ser el origen de la declaración general de inconstitucionalidad y en su caso de una o varias reformas de ley.

La segunda reforma7 que se introdujo se refiere a la modificación de 11 artículos constitucionales entre otros la denominación del capítulo primero de la Constitución y adición al artículo primero para otorgar reconocimiento y protección no sólo a los derechos consagrados en las garantías, sino también a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados  internacionales,  en este sentido se establece el principio    “pro-personae” que obliga a que en la interpretación de hechos frente a los derechos humanos siempre se atienda a la mayor protección al individuo, es decir, se hará prioritariamente una interpretación extensiva y no restrictiva de estos derechos.

Ambas reformas fortalecen a nivel del texto constitucional el criterio ya sustentado de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales toda vez que éstos obligan al estado en su totalidad, e incluso, tratándose específicamente de derechos humanos, en ocasiones se pondrán al mismo nivel de la Constitución en tanto que otorguen una mayor protección al individuo.

Es menester precisar que en fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio en el sentido de que en el análisis y discusión de aquellos asuntos en que se invoquen o se interpreten garantías y derechos humanos, debe hacerse una revisión de oficio de los tratados internacionales que incidan en la materia, por lo que se implementó a partir de dicho criterio su aplicabilidad como fuente de derecho interno en la esfera jurisdiccional.

En algunos textos constitucionales iberoamericanos, ya se contiene de manera textual esta disposición. Tal es el caso de la Constitución de la República de Colombia, que dispone en su artículo 93:

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

En función de las anteriores aseveraciones, es que considero necesario adecuar el texto del artículo 133 constitucional a la nueva realidad de nuestro sistema jurídico, que otorga un papel preponderante a los tratados internacionales. Como se ha argumentado, en tanto estos se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales; no obstante, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales a partir de la reforma vigente desde el 11 de junio de 2011 adquieren rango equivalente a la Constitución.

Luego de esta gran reforma, nuestro país ha saltado a los primeros planos en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas y no pocos Estados del orbe saludan con entusiasmo que México se haya atrevido a catalogar su nombre entre las naciones con aspiraciones realmente civilizadas.

El día 11 de junio del 2011 entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, surgiendo con esto una relación nueva entre el ámbito del Derecho y las facultades que poseen los poderes del Estado mexicano y las tres instancias de gobierno, que tienen la obligación de conocer, velar y cumplir dichas disposiciones legales.

En este sentido, la reforma que se propone pretende señalar de manera expresa en nuestra norma fundamental la jerarquía de normas que debe regir en nuestro sistema normativo, y que materialmente se infiere de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sobre todo en función de los precedentes y los criterios que de manera reiterada ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido.

La interpretación de las normas en el ámbito administrativo jurisdiccional, doctrinal y legislativo debe tener bases ciertas que determinen la validez de las mismas en función de su valor jerárquico por tanto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.- Se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, los Tratados Internacionales celebrados conforme a la misma, y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán, en ese orden, la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Las disposiciones de los Tratados Internacionales que regulen derechos humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme al artículo 1º párrafo segundo de esta Constitución.

Inicaitiva para hacer más transparente la información financiera de los gobiernos y para promover la generación de esta información financiera con perspectiva de género

El día 4 de noviembre de 2008, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática presentaron la iniciativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el marco de la nueva facultad del Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental.

Lo anterior, con el propósito de contar con un adecuado marco jurídico para que la presentación de la información financiera sea homogénea, de los ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

Los Diputados proponentes argumentaban que “es claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera”.

La ley vigente contempla un sistema de contabilidad respecto del cual se destaca lo siguiente:

  • Establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las operaciones financieras, así como para la emisión de información contable y de Cuenta Pública para los tres órdenes de gobierno.
  • Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, pero flexible para incorporar reglas, instrumentos y criterios actualizados como lo exige la dinámica de la gestión pública.
  • Asume como premisa básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado.
  • Implica la adopción de un modelo contable promotor de mejores prácticas nacionales e internacionales, para lo cual considera, entre otros elementos, el devengado contable como base para el registro y tratamiento valorativo de los hechos económico-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos públicos; el patrimonio del estado; y la aplicación de postulados básicos de contabilidad gubernamental.
  • En materia de Cuenta Pública establece la información mínima que debe integrar el documento, y que la información presupuestaria y programática que forme parte del mismo, deberá relacionarse en lo conducente con sus objetivos y prioridades.
  • Prevé que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública de la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal incluyan los resultados de la evaluación del desempeño.

Sobre esta base se buscó que los entes públicos de los órdenes de gobierno dispongan de una contabilidad armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos.

El 1° de septiembre de 2012, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en uso de sus facultades constitucionales ejerció el derecho de iniciativa preferente presentando iniciativa de reforma y adiciones a diversos artículos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos; con el fin de que la contabilidad incluidos ingresos, egresos, deudas y pasivos formen parte de un proceso de transparencia para las distintas esferas de gobierno, en el ejercicio presupuestal proveniente de recursos federales entre otros de los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, el suscrito considera oportuno que en alcance al trabajo legislativo de análisis y dictaminación de la citada iniciativa deben incorporarse dos elementos, uno relativo al proceso de transparencia y otro al de paridad género.

Justificación para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se incorpore al Comité Consultivo

El Presidente electo para el periodo 2012-2018 y el Partido Revolucionario Institucional tienen el compromiso de profundizar y ampliar la transparencia en todos los ámbitos de gobierno por tanto en una reforma tan importante es necesario refrendar que:

“Un Estado, para ser eficaz, también necesita generar y facilitar el acceso a la información de calidad. Ello porque es un insumo fundamental para el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación de los resultados de las políticas públicas”.[1]

En consecuencia, se considera indispensable que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se incorpore al Comité Consultivo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para garantizar que sus criterios formen parte de la máxima transparencia y acceso a la información.

La citada incorporación ayudará a mejorar la organización, clasificación y manejo de la información, ya que el IFAI es un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; coadyuva con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades; y difunde entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla.

Por otra parte, debe considerase que IFAI ya expide los términos en los que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otras, la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello es necesario que dicha figura forme parte de la reforma necesaria en materia de transparencia

Generación de información con perspectiva de género

En el Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así se plasmo en la Plataforma electoral 2012 -2018 que entregamos al Instituto Federal Electoral al inicio de este proceso, afirmando categóricamente que:

La desigualdad de oportunidades entre mujeres y hom­bres afecta a toda la sociedad. Esa brecha impide el de­sarrollo pleno de México. La condición de género no hace por sí misma vulnerables a las mujeres, pero ellas enfrentan una situación generalizada de desventaja deri­vada de una cultura de discriminación, subordinación y exclusión histórica de los beneficios del desarrollo eco­nómico, político y social, que las afecta especialmente.

Las mujeres con educación media superior y superior ganan menos que los hombres quienes, en la misma con­dición, prestan servicios o trabajan en algún lugar. Lo anterior también se agrava debido a que cuatro de cada diez mujeres que laboran reciben un pago por su trabajo, mientras que el resto no lo tiene. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es uno de los propósitos cen­trales para lograr una sociedad equitativa, justa y libre de discriminación.

Se desarrollará una política integral de atención a la mujer. Tenemos que hacer de la perspectiva y enfoque de género una constante de todos los programas guber­namentales para lograr la incorporación de las mujeres al desarrollo, incluyendo una reforma laboral que ase­gure mayor igualdad: políticas públicas para el cuidado infantil seguro, para la prevención y erradicación de la violencia, y para lograr las escuelas de tiempo completo y otras facilidades para las madres trabajadoras.[2]

Para facilitar el monitoreo de la incidencia del presupuesto destinado a la política integral de atención de la mujer, se considera necesario se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que en los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos emitidos por el Consejo Consultivo se elaboren con perspectiva de género.

Esto significa que en lo sucesivo, las autoridades municipales, estatales y federales estarían obligadas a informar que porcentaje de inversión de gasto proveniente del Presupuesto de Egresos de la Federación se utilizó para la atención en las necesidades de mujeres y hombres

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Único. Se adiciona una fracción al artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 12.- El comité se integra por:

  1. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público;
  2. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal;
  3. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación;
  4. Un representante del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
  5. Un representante de las entidades estatales de fiscalización;
  6. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;
  7. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos;
  8. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y
  9. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que sean invitados por el consejo.

Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos.

La información a la que se refiere esta fracción deberá incluir información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos, de manera diferenciada entre mujeres y hombres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor de acuerdo a lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, resultado de la iniciativa preferente del titular del Ejecutivo Federal, de fecha 1° de septiembre de 2012.

Iniciativa de Ley para hacer efectiva la Facultad Investigadora de la CNDH en materia de violaciones graves a los Derechos Humanos, que se le confiere a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos realizada en 2011

De acuerdo la reforma constitucional en la materia de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá, cuando lo juzgue conveniente, investigar hechos que constituyan violaciones graves a Derechos Humanos, facultad que antes de la reforma correspondía en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, en su momento y por carecer de un reglamento aprobado por el Congreso de la Unión que regulara esa facultad investigadora, se tuvo que dotar de la reglamentación necesaria a través de Acuerdo General número 16/2007, reuniéndose de facto con ello, y contrario al texto del artículo 49 constitucional, dos poderes en una sola corporación.

Esta iniciativa tiene por objeto expedir la Ley Reglamentaria del artículo 102 apartado B párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propone que sea el presidente de la comisión quien acuerde el inicio de la investigación designando a un visitador general para que desarrolle los trabajos conforme a un plan de trabajo que debe ser aprobado por aquél. Asimismo, deberán rendirse informes mensuales sobre los avances de la investigación.

A fin de garantizar la reserva de la información que sea recabada en el ejercicio de esta facultad, se hace patente la obligación de todos los funcionarios involucrados con la investigación de guardar estricta confidencialidad del expediente, remitiendo a las obligaciones que en la materia estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En función de que se trata de un procedimiento extraordinario, es necesario dotar a la CNDH de las facultades suficientes para cumplir su cometido, tales como solicitar todo tipo de documentos e informes, realizar audiencias con las personas y autoridades involucradas, y todo aquél que pueda aportar datos que coadyuven en la investigación, apersonarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, solicitar el apoyo de especialistas, etcétera.

Decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer las normas generales para el ejercicio de la facultad de investigación de las violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, en términos de lo dispuesto en el párrafo undécimo del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la interpretación y aplicación de esta ley se respetarán en todo momento, los principios constitucionales y derechos fundamentales de todos los sujetos involucrados.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Comisión: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Consejo: el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Presidente: al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Programa: el programa de trabajo que regirá las actividades encaminadas a determinar la posible existencia de violaciones graves a los derechos humanos; y

Visitador: al Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 3. El presidente, los consejeros, visitadores y demás funcionarios involucrados en la aplicación de ésta Ley deberán actuar en todo momento con estricto apego al marco constitucional, con pleno respeto a las garantías individuales.

Las investigaciones deberán desarrollarse con total imparcialidad, objetividad e independencia y con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno.

Título Segundo
Proceso de Investigación

Artículo 4. Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consumados determinados por el Presidente en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de esta facultad.

La investigación podrá iniciarse de oficio por el Presidente, o a solicitud de:

a) El titular del Ejecutivo federal;

b) La Cámara de Diputados, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados presentes;

c) El Senado de la República, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los senadores presentes;

d) El gobernador de un estado;

e) El jefe de gobierno del Distrito Federal; o

f) Las legislaturas de las entidades federativas, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de los legisladores presentes.

Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Presidente decidir si amplía dicho plazo, cuando así se requiera por la naturaleza de la misma.

Artículo 5. El Presidente designará a un Visitador General como encargado de conducir la investigación, quien se auxiliará de un secretario y del personal de apoyo necesarios para el efecto.

El Visitador General, el secretario y el personal de apoyo deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre el expediente respectivo y serán responsables del manejo de la información que recaben con motivo de la investigación, para lo cual deberán atender lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6. Dentro de los quince días siguientes a la designación del Visitador General responsable de la investigación, éste deberá elaborar el programa de investigación, y lo hará del conocimiento del Presidente, quién lo aprobará, pudiendo modificarlo en cualquier momento.

El Visitador podrá ampliar el programa si durante el desarrollo de la investigación advierte la conveniencia de realizar actividades no comprendidas en él, debiendo comunicarlo de inmediato al Presidente.

El Visitador deberá rendir un informe mensual al Presidente en el que destaque las actividades que hubiese desarrollado en ese periodo.

Artículo 7. En el desarrollo de la investigación, el Visitador tendrá las siguientes facultades:

a) Entrevistarse con autoridades o con particulares relacionados con hechos materia de la investigación;

b) Solicitar de autoridades o servidores públicos, todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial;

c) Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulte necesaria para la investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos que les consten;

d) Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, ya sea personalmente o por conducto del personal bajo su mando, para revisar documentos que pudieran guardar vinculación con la investigación, previo acuerdo que motive la pertinencia de la medida;

e) Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la investigación; y

f) Efectuar todas las demás acciones, que sean necesarias para la investigación de los hechos, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 8. El Visitador, el secretario y el personal de apoyo se instalarán, para efectos de la investigación, en el lugar en que el Presidente determine, y podrá actuar en los sitios que, con motivo de la investigación, sean necesarios.

Para efectos de su actuación, todos los días y horas son hábiles. De todo acuerdo y actuación deberá dejarse constancia.

Artículo 9. Aprobado el programa por el Presidente, el Visitador pedirá un informe sobre los hechos presuntamente violatorios de garantías individuales a las autoridades que pudieran tener relación directa o indirecta con los mismos.

Dicho informe se rendirá por escrito, dentro del plazo de treinta días, y deberá referirse a los hechos, omisiones, datos y demás elementos relacionados que sean de su conocimiento, acompañando en su caso los documentos de soporte que estimen convenientes.

Artículo 10. Las solicitudes para que una autoridad o un particular colaboren en la investigación, proporcionando la información y documentación con que cuenten, podrán realizarse por cualquier medio cierto, haciéndolo constar en el expediente relativo.

Cuando dichas solicitudes entrañen una entrevista personal o un término para la práctica de alguna actuación, se hará saber a la autoridad o al particular de que se trate, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que se realice la misma.

Artículo 11.Los particulares en contra de quienes se hayan cometido los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos podrán colaborar con la investigación, aportando los elementos, pruebas y argumentos que consideren oportuno.

Los particulares que colaboren en la investigación podrán designar un domicilio, o bien, proporcionar un número telefónico o de fax y, en su caso, una dirección de correo electrónico, para efectos de comunicación.

Artículo 12. Las autoridades serán responsables de proporcionar todas las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación y permitir el acceso a los documentos o archivos respectivos, por tanto, deberán remitir al Visitador la información solicitada, debidamente foliada y, en su caso, certificada.

Artículo 13. En el desarrollo de las entrevistas con autoridades o particulares relacionados con hechos materia de la investigación, se estará a lo siguiente:

a) Las entrevistas se realizarán por el Visitador o el funcionario que designare para tal efecto, asistido por el secretario, quien dará fe de todo lo actuado, y asentará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo;

b) Se usará el idioma español y si fuera en otra lengua, se pedirá el auxilio de un intérprete. Cuando se trate de un indígena, deberá asegurarse la presencia de un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

c) Su contenido se hará constar dando preferencia a la videograbación y grabación de voz, a través de los medios tecnológicos que se tengan al alcance. En estos casos, en acto por separado, se levantará acta en la que se harán constar las manifestaciones que se hubieren realizado. Cuando no sea posible grabar o video grabar el contenido de la entrevista, ésta se hará constar por escrito, debiendo firmar quienes hayan intervenido; y

d) Al inicio de la entrevista, se hará saber al compareciente el motivo de la misma, la naturaleza de la investigación, que no se trata de un procedimiento jurisdiccional y por tanto no comparece como indiciado, inculpado o procesado, sino únicamente con el fin de que manifieste los hechos que le consten en relación con la investigación que se realiza.

Artículo 14. Toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo debido a alguna enfermedad que se lo impida, o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse, con excepción de los altos funcionarios de la federación, quienes deberán informar por escrito.

La citación a los servidores públicos se realizará por conducto del superior jerárquico.

Artículo 15. El particular o autoridad que comparezca ante el Visitador, podrá:

a) Acudir a la entrevista acompañado por un máximo de tres personas de su confianza, quienes no tendrán derecho a intervenir, pero sí podrán comunicarse en todo momento con el entrevistado;

b) Presentar su declaración por escrito, debiendo ratificar personalmente su contenido, en ese mismo acto; y

c) Solicitar se guarde en reserva su identidad, lo cual se acordará favorablemente cuando a juicio del Visitador sea lo más adecuado para la conducción de las investigaciones.

El Visitador podrá rendir informes especiales ante el Presidente, cuando existan o persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades, servidores públicos o particulares que deban colaborar en sus investigaciones.

El Presidente, con base en dichos informes especiales deberá tomar las determinaciones que considere procedentes a fin de garantizar el adecuado curso de la investigación.

Título Tercero
Informe preliminar y dictamen

Artículo 16. Concluida la investigación, el Visitador formulará un informe preliminar en el que se relacionarán los hechos y las constancias que obren en el expediente, así como todos los demás elementos de convicción recabados, con el objeto de que el Presidente lo considere en su dictamen y el Consejo determine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte.

Las conclusiones del informe estarán fundamentadas exclusivamente en la interpretación de la documentación e instrumentos que obren en el propio expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no necesitarán ser acreditados, por lo que la Comisión investigadora podrá invocarlos al rendir su informe.

Artículo 17. El informe preliminar del Visitador contendrá los siguientes elementos:

a) Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como de los que no tengan esa calidad;

b) Relación de los elementos de convicción que permitan determinar, en su caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte, así como el cargo y nombre de las personas relacionadas con ellos;

c) Análisis de las constancias, valoración de las pruebas, fundamentación, motivación, así como otros elementos que soporten las conclusiones; y

d) Proposiciones.

Artículo 18. En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efectúen otros órganos del estado y que versen sobre hechos consumados, materia de la investigación, sin perjuicio de que si durante el desarrollo de la investigación, el Visitador advierte que en alguno de estos asuntos, pudieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo asentará en sus conclusiones, a fin de que el Presidente determine lo conducente.

De igual forma, no podrán imputarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Artículo 19. El informe será presentado ante el Presidente de la Comisión, quien deberá formular un dictamen a fin de ser presentado ante el Consejo.

Artículo 20. El Presidente remitirá copia del informe preliminar al órgano que hubiere solicitado el ejercicio de la facultad de investigación, en su caso, y a las autoridades directamente vinculadas con los hechos investigados, para que en un plazo de quince días naturales, realicen las manifestaciones pertinentes y presenten la documentación o los elementos que les sirvan de sustento.

Durante ese plazo el solicitante de la investigación y las autoridades indicadas podrán consultar el expediente, sujetándose a los principios de confidencialidad y reserva que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 21. El dictamen determinará si existieron violaciones graves a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es parte; señalará a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y precisará los órganos y autoridades competentes para actuar como consecuencia de dicha resolución

Artículo 22. El dictamen se someterá a la consideración del Consejo y una vez aprobado, el Presidente lo hará del conocimiento público y lo remitirá a las autoridades que solicitaron la investigación y en su caso, a las autoridades que resulten competentes.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.