Como representante popular aquí expongo mi trabajo e invito a exponer ideas de cómo regresarle a los mexicanos el interés por los asuntos públicos.

Sesión de Congreso General, inicia 3er año de LXII Legislatura. Espero seguir contando con su retroalimentación para el trabajo legislativo

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Un gusto recibir a representantes del #SUTUdeG y conocer sus inquietudes. El Gobierno del Estado es un aliado de la UDG y sus trabajadore.

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Campeones Máster de la Delegación Jalisco, presentes en Firma de Convenio con INAMAP para realización de los XXV Juegos Nacionales Deportivos y 
Culturales en nuestro Estado.

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Encuentro Intercultural de Música y Danza Indígena del Norte de México

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#PalacioDeGobierno #Tradición venir a tomarse fotos

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Palacio de Gobierno de #Jalisco. #Gdl

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Foto #Gabinete Estatal

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Iniciativa para que se retire de la credencial del IFE el domicilio del titular.

La realización de fraude a través del robo de identidad, y de delitos como robo, secuestro y extorsión entre otros, se ha demostrado que se facilitan cuando la credencial de elector es robada o extraviada y caída en manos de la delincuencia ya que ésta identificación cuenta con el domicilio del portador, la eliminación del domicilio de la credencial para votar disminuiría la oportunidad de la realización de estos delitos, por ello he presentado una iniciativa para reformar el COFIPE y que ya no se incluya el domicilio en la credencial de elector.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el inciso d) del numeral 1, del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


Capítulo Quinto

De la Credencial para Votar

Artículo 200

1. La Credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano;

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

d) Derogado;

e) Sexo;

f) Edad y año de registro;

g) Firma, huella digital y fotografía del elector;

h) Clave de registro; y

i) Clave Única del Registro de Población.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se aplicará a las credenciales nuevas y a las que se renueven.

Iniciativa de Ley para elevar el grado jerárquico de los Tratados Internacionales de nuestro país y sea efectiva su posición solo por debajo de nuestra Constitución y por encima de las demás leyes, necesario garantizar su observancia ya que los Tratados Internacionales se presentan como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por las autoridades nacionales

La Constitución puede definirse como “el ordenamiento jurídico fundamental, escrito o no, de un Estado soberano, que contiene las disposiciones fundamentales de éste, y que establece las bases para su gobierno y para la organización de sus instituciones, así como el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del pueblo.” 1

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica OMEBA, la Constitución es “todos los entes, comunidades o instituciones en general que forman parte del orden jurídico, se rigen por un complejo de normas, jurídicas y extrajurídicas, que son impuestas unas veces, a sus integrantes, en forma coactiva por órganos especializados, y otras, acatadas voluntariamente por los mismos. Cuando estas normas rigen la vida del Estado, organizando sus poderes, delimitando sus funciones y estableciendo los derechos y garantías de los habitantes y del Estado, reciben el nombre de Constitución. Aquí su concepto como punto de partida.

En el Manual de Derecho Constitucional de Efraín Polo Bernal se define como “un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total, exhaustiva y sistemática establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares”.

Y el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conceptualiza Constitución como “la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de un Estado”.

El sistema jurídico mexicano tradicionalmente encontró sustento en la construcción escalonada del ordenamiento jurídico sostenida por Hans Kelsen, quien señalaba que la constitución en su sentido material debería entenderse como “la norma o normas positivas que regulan la producción de normas jurídicas generales”,2 ya fuera que ésta norma superior tuviera forma escrita o se tratase de normas no escritas producidas consuetudinariamente. Esto es, la norma superior prescribe el procedimiento mediante el cual se produce otra norma, y en ocasiones también señala o limita el contenido de la nueva norma.

A partir de la norma fundamental donde se establecen principios rectores que regulan el desarrollo y las relaciones entre particulares y de éstos con el Estado, surgen normas secundarias que tienen como fin desarrollar principios fundamentales a través de disposiciones complementarias y reglamentarias que se les reconocen con una jerarquía distinta a otras establecidas en el andamiaje jurídico, con efectos de validez de acuerdo a dicha jerarquía.

Esto dio sustento al principio de supremacía constitucional, que se deduce de que es la Constitución la que crea los poderes públicos, delimita sus funciones, establece los procedimientos legislativos, regula la celebración y ratificación de tratados internacionales, reconoce los derechos fundamentales e incorpora los valores esenciales del pueblo, así entonces en nuestra Constitución el artículo 133 establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Este artículo se plasmó y atinadamente se interpretó en el sentido de que la Constitución de 1917 se encontraba en un plano superior, en tanto que las leyes federales y los tratados internacionales se encontraban en un sustrato inferior.

En función de interpretación jurisdiccional de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente abandonar el criterio rígido que se mantuvo por cierto tiempo en torno a la supremacía constitucional, iniciando así una época de interpretación sobre la jerarquía de las normas que devino en el reconocimiento de supremacía de los tratados internacionales con relación a las leyes federales, de tal suerte que en el año de 1999 se emitió, finalmente, la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “… serán la Ley Suprema de toda la Unión …” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.3

En función de lo anterior, se modificó el criterio para determinar la jerarquía normativa, sobreponiendo los tratados internacionales a las leyes federales, siempre que hubiesen sido suscritos y ratificados de conformidad con la norma constitucional. Esto es, en tanto que los tratados sean celebrados conforme a las normas que rigen la suscripción respectiva por el Ejecutivo Federal y su ratificación por el Senado de la República, se asume su constitucionalidad en tanto esta no sea cuestionada ante los tribunales competentes.

Tratados internacionales. Deben presumirse apegados al texto constitucional hasta en tanto se demuestre su inconstitucionalidad en la vía procedente.

El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todo servidor público de protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; obligación que recae, en el caso de los tratados internacionales, entre otros, en el Presidente y en los miembros del Senado de la República, por lo que los actos provenientes de dichos servidores se presumen constitucionales hasta en tanto se pruebe su inconstitucionalidad ante los Tribunales de la Federación o su ilegalidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. Así, basta que un tratado internacional lo firme el Ejecutivo, por sí o por conducto de plenipotenciario facultado, lo apruebe el Senado y se publique en el Diario Oficial de la Federación, para presumir que es acorde con la Constitución Federal, en el entendido de que esta presunción legal subsistirá hasta en tanto se declare la inconstitucionalidad o ilegalidad correspondiente por el órgano competente y en vía idónea.4

De esta manera, los tratados internacionales adquirieron en su interpretación una nueva dimensión como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por todas las autoridades nacionales.

En otro orden, la doctrina constitucional contemporánea ha abandonado la rigidez del positivismo jurídico, reconociendo la existencia de derechos inherentes a la persona, independientemente de que estos se encuentren consagrados de manera literal en el texto constitucional, es decir, atiende a los valores contenidos en la norma suprema para inferir e interpretar los derechos fundamentales, así como los principios que deben regir en la organización del estado en su conjunto.

Sólo de esta manera una constitución puede ejercer su función integradora de las distintas aspiraciones de los factores reales de poder que intervienen en su creación y modificación.

Cabe señalar que en 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de gran impacto en el sistema jurídico mexicano. La primera5 consistió en una reforma a la institución del juicio de amparo, incorporando la protección de derechos colectivos o difusos en función del interés legítimo, así como la posibilidad de otorgar efectos ergaomnes a las resoluciones que determinen la inconstitucionalidad de una norma y obliga al legislador a realizar la adecuación de aquella norma declarada inconstitucional.

Asimismo, esta reforma instituye la posibilidad de invocar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los juicios de garantías, de conformidad con el artículo 103 fracción I que a la letra dice:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

A este respecto, cabe destacar el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias, Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito:

Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.6

De esta manera, la reforma adquiere una nueva dimensión, ya que la violación de un derecho fundamental consagrado en un tratado internacional puede ser el origen de la declaración general de inconstitucionalidad y en su caso de una o varias reformas de ley.

La segunda reforma7 que se introdujo se refiere a la modificación de 11 artículos constitucionales entre otros la denominación del capítulo primero de la Constitución y adición al artículo primero para otorgar reconocimiento y protección no sólo a los derechos consagrados en las garantías, sino también a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados  internacionales,  en este sentido se establece el principio    “pro-personae” que obliga a que en la interpretación de hechos frente a los derechos humanos siempre se atienda a la mayor protección al individuo, es decir, se hará prioritariamente una interpretación extensiva y no restrictiva de estos derechos.

Ambas reformas fortalecen a nivel del texto constitucional el criterio ya sustentado de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales toda vez que éstos obligan al estado en su totalidad, e incluso, tratándose específicamente de derechos humanos, en ocasiones se pondrán al mismo nivel de la Constitución en tanto que otorguen una mayor protección al individuo.

Es menester precisar que en fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio en el sentido de que en el análisis y discusión de aquellos asuntos en que se invoquen o se interpreten garantías y derechos humanos, debe hacerse una revisión de oficio de los tratados internacionales que incidan en la materia, por lo que se implementó a partir de dicho criterio su aplicabilidad como fuente de derecho interno en la esfera jurisdiccional.

En algunos textos constitucionales iberoamericanos, ya se contiene de manera textual esta disposición. Tal es el caso de la Constitución de la República de Colombia, que dispone en su artículo 93:

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

En función de las anteriores aseveraciones, es que considero necesario adecuar el texto del artículo 133 constitucional a la nueva realidad de nuestro sistema jurídico, que otorga un papel preponderante a los tratados internacionales. Como se ha argumentado, en tanto estos se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales; no obstante, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales a partir de la reforma vigente desde el 11 de junio de 2011 adquieren rango equivalente a la Constitución.

Luego de esta gran reforma, nuestro país ha saltado a los primeros planos en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas y no pocos Estados del orbe saludan con entusiasmo que México se haya atrevido a catalogar su nombre entre las naciones con aspiraciones realmente civilizadas.

El día 11 de junio del 2011 entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, surgiendo con esto una relación nueva entre el ámbito del Derecho y las facultades que poseen los poderes del Estado mexicano y las tres instancias de gobierno, que tienen la obligación de conocer, velar y cumplir dichas disposiciones legales.

En este sentido, la reforma que se propone pretende señalar de manera expresa en nuestra norma fundamental la jerarquía de normas que debe regir en nuestro sistema normativo, y que materialmente se infiere de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sobre todo en función de los precedentes y los criterios que de manera reiterada ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido.

La interpretación de las normas en el ámbito administrativo jurisdiccional, doctrinal y legislativo debe tener bases ciertas que determinen la validez de las mismas en función de su valor jerárquico por tanto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.- Se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, los Tratados Internacionales celebrados conforme a la misma, y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán, en ese orden, la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Las disposiciones de los Tratados Internacionales que regulen derechos humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme al artículo 1º párrafo segundo de esta Constitución.